viernes, marzo 28, 2008

EL ESTADO

Tiene uno a veces la impresión de que lo que se llama “actualidad” se reduce a dos clases de historias: las que tratan de quienes quieren que el Estado intervenga a su favor, y las que se ocupan de quienes desean que el Estado los deje en paz. Al primer tipo pertenecería la de la ciudadana francesa, enferma de un horrible cáncer facial, que deseaba que las autoridades le facilitasen una muerte digna; al segundo, la de los padres sanluqueños que se declaran “objetores” a la escolarización obligatoria y reclaman su presunto derecho a educar a su hijo en casa.

La moraleja es simple: hagamos lo que hagamos, deseemos lo que deseemos, el Estado anda por medio. No concebimos felicidad que no implique que el Estado efectúe algún movimiento en relación a nosotros, ya sea para ayudarnos, ya para inhibirse. No es fácil establecer una doctrina general que valga para todos estos casos. Está claro que el Estado debe intervenir en todo aquello que suponga facilitar el acceso de los ciudadanos a ciertos bienes y derechos básicos, tales como la educación o la salud. Lo que no está tan claro, en fin, es si debe imponer esos servicios a quienes no los demandan ni desean; ni si el ciudadano debería tener, en última instancia, la posibilidad de rechazarlos.

Tampoco ve uno muy claro que al Estado se le pueda pedir todo. Una cosa es, por ejemplo, que uno piense que la vida, en determinadas condiciones dolorosas de enfermedad y privación, no merece la pena ser vivida, y otra muy distinta pretender que el Estado elabore una casuística para facilitar la renuncia a la vida en esas condiciones. Porque, una vez elaborada esa casuística, ¿quién le va a decir a las autoridades que no decidan por su cuenta qué vidas merecen la pena vivirse y cuáles no? Aunque ya sé que esta duda mía, más instintiva que otra cosa, no basta para zanjar el serio debate sobre esta cuestión que se libra en muchas sociedades europeas.

Más simpatía siento hacia quienes, en nombre de algún ideal individual, se atreven a desafiar ciertas disposiciones de los poderes públicos. Pero esta simpatía tiene sus matices. En el caso del niño de Sanlúcar, por ejemplo, no digo que sus padres no tengan sus razones, pero sí que su esfuerzo me parece excesivo y, seguramente, contraproducente. Un padre y una madre con intereses culturales definidos, y capaces de inculcarlos, sirven mejor a la causa de emancipar a su hijo de las trabas de una educación insuficiente que otros empeñados en una incierta batalla legal.

Porque de lo que se trata no es de arrancarle concesiones al Estado, sino de distinguir lo que corresponde a éste de lo que corresponde al ámbito privado y familiar o a la propia conciencia. Y para encomendarse a estas instancias no es necesario que el Estado, ese monstruo sin cara, nos dé siempre la razón. No hay que darle esa baza.

Publicado el martes en Diario de Cádiz

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